El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos póstumos como limitaciones normativas a las amnistías
| Autor | Max Pensky |
| Cargo del Autor | Filósofo, profesor de Binghamton University |
| Páginas | 113-140 |
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La "justicia transicional" -este es el nombre esperanzador que hemos comenzado a utilizar para describir lo que es en realidad una muy amplia gama de problemas diferentes- se refiere a los retos y oportunidades especiales para lograr la justicia en sociedades que intentan una transición hacia un orden más pacífico y democrático.1
En un sentido muy importante, todas las sociedades democráticas son transicionales. Pero lo que distingue el campo de la justicia transicional de las tareas continuas de las democracias imperfectas seguramente tiene algo que ver con un grado de conciencia colectiva de la experiencia de un cambio deseado, una ruptura con un pasado, un ajuste de cuentas con formas de vida que una sociedad desea terminar. Se supone que la paz y la seguridad sociales deben asegurarse mediante el cumplimiento de los principios del Derecho. Esto le garantiza a dichas sociedades oportunidades distintivas para llevar a cabo una reflexión crítica acerca de sus instituciones y tradiciones, a la cual quizá no tengan acceso otras sociedades. Esta reflexión resalta los problemas del pasado, el cual constituye ahora un conjunto de graves problemas que deben ser resueltos, así como un acervo colectivo de experiencias y vocabularios compartidos que proporcionarán las soluciones propias y específicas de una sociedad.
A partir de su propio pasado compartido, las sociedades transicionales intentan moldear una respuesta distintiva a los retos institucionales y culturales de la gobernabilidad democrática. Las instituciones y los procedimientos democráticos pretenden incluir a todos los ciudadanos en la formación colectiva de Page 114 una voluntad política, mediante la realización de la libertad y la autonomía. Es necesario restaurar una cultura política democrática, un nivel básico de solidaridad y de confianza sociales, para convencer a los ciudadanos de que participen en sus instituciones políticas por razones diferentes a las meramente estratégicas de conveniencia personal. La reconciliación -es decir, la superación de las violentas divisiones sociales- se refiere tanto al logro exitoso del imperio de la ley, como a la creación o recuperación de un nivel de confianza social, de solidaridad, que fomente una cultura política democrática y le permita a las personas superar esas horrendas experiencias de pérdida, violencia, injusticia, duelo y odio, y se sientan capaces de convivir nuevamente unos con otros.
Estos son los objetivos finales que definen una transición exitosa. Pero, en el transcurso del proceso, las situaciones transicionales enfrentan, a la vez, la amenaza continua de la recaída. Por definición, las transiciones son inestables e inciertas. El colapso del orden legal, el fracaso de los procesos democráticos y del reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales constituyen amenazas para cualquier sociedad democrática. Pero en las sociedades transicionales, dichas amenazas son simultáneamente más apremiantes y más visibles. ¿Qué tipo de medidas pragmáticas aumentan la probabilidad de una transición exitosa? ¿Cómo se construirán en el aquí y en el ahora los criterios de acuerdo con los cuales se medirá el éxito de la transición en el futuro? ¿Qué tipos y qué grados de estabilidad social y eficiencia democrática se considerarán como suficientes o insuficientes? ¿Cómo deben clasificarse y equilibrarse unos con otros, e incluso intercambiar entre si, los diferentes valores políticos, el imperio de la ley, el respeto por los derechos fundamentales, la paz y la seguridad, la solidaridad social? ¿En qué momento encuentra una sociedad el equilibrio, si es que lo hay, entre las exigencias de justicia y el objetivo pragmático de un nivel aceptable de paz democrática?
La tarea de reconciliar la justicia y la solidaridad le presenta a cualquier sociedad el reto de enfrentar un pasado compartido de injusticia y de derechos violados. La temporalidad de la justicia, las exigencias que el pasado hace sobre una sociedad presente que desea un futuro cualitativamente diferente, es definitiva para los problemas transicionales, y vincula el contexto transicional con otro tema de la política global contemporánea, a saber, el auge extraordinario de Page 115 la importancia del pasado y de la memoria. Esta nueva y notable significación del pasado para los debates éticos y políticos contemporáneos surgió de diferentes tipos de experiencias históricas. Mi interés de hoy tiene que ver con cómo es que una sociedad debe pensar acerca de la relevancia normativa de un pasado compartido a medida que repasa sus opciones legislativas y políticas.
Comenzaré apelando a la distinción convencional entre tres formas diferentes que puede tomar un juicio normativo, es decir, un juicio que contenga un "debe". En primer lugar, los juicios normativos pragmáticos especifican aquello que un agente o un grupo debe hacer para producir un resultado deseado. Segundo, los juicios éticos implican aserciones hermenéuticamente "densas" acerca de la identidad que una persona o un grupo "debe" tener, acerca de qué tipo de persona o de sociedad desean llegar a ser, y acerca de qué deben hacer para lograr dicha identidad. Finalmente, los juicios morales contienen aseveraciones universales "tenues" acerca de aquello que cualquier ser moral -cualquier ser que sea un candidato para la inclusión en una comunidad abstracta de todos los que merecen igual respeto- debe hacer con respecto a sí mismo o a cualquier otro ser moral.
Con base en esa distinción general, parece ser que gran parte del actual discurso sobre el papel de la memoria colectiva en la política nacional es de naturaleza pragmática, una vez que asumimos la perspectiva del observador e identificamos en términos funcionalistas cómo las sociedades realmente se apropian de y aplican los discursos de la memoria colectiva como herramientas funcionales para lograr los efectos deseados. Desde la perspectiva del sociólogo observador, seguramente, la actitud pre-moderna hacia los antepasados, la construcción narrativa de la continuidad social desde el pasado sobre la base de las relaciones pasado-presente, se explica mejor en términos funcionalistas como una estrategia para asegurar la estabilidad y la funcionalidad de las instituciones sociales, así esas metas estén conscientemente en las mentes de los participantes sociales o no.
Uno puede no compartir la opinión de que un efecto dado sea realmente deseable; uno puede no estar de acuerdo en que debería desearse, pero esto en sí mismo es un problema normativo diferente al problema práctico de producir un efecto tal a través de ciertos medios dados. Por ejemplo, un grupo social podría Page 116 impulsar su propia interpretación distintiva de una experiencia compartida del pasado reciente para realizar ciertos fines que desaprobamos, por ejemplo, un nacionalismo altamente excluyente y beligerante, o una actitud negativa hacia otro grupo social. Pero, solamente en términos pragmáticos, debe distinguirse entre la cuestión de la deseabilidad de la meta y la cuestión de la eficacia de la política de la memoria como medios seleccionados.
El papel pragmático de un pasado compartido nos recuerda que la nueva relevancia de la memoria colectiva es también una cuestión de poder político. A lo largo y ancho del espectro político total, desde las reactivaciones de memorias nacionales beligerantes y excluyentes, las nuevas versiones estratégicas de las narrativas nacionales de la guerra y de la posguerra en Francia y Alemania, hasta las reconstrucciones narrativas de los traumas nacionales a través de las comisiones de la verdad y otras herramientas institucionales de las sociedades transicionales, hoy día comprendemos más claramente que nunca que el control efectivo de un pasado compartido es el poder político. Y si nos limitamos a las cuestiones pragmáticas de la eficacia política, entonces es totalmente apropiado preguntar, como están comenzando a hacerlo muchos teóricos políticos, si hay situaciones en las que el olvido colectivo es más conveniente para los fines de la democracia que el recuerdo colectivo.
Como estrategias para consolidar el poder político, se han tomado decisiones políticas estratégicas como la de conscientemente quitarle énfasis a ciertos aspectos de un pasado difícil, la de intencionalmente no promover la reflexión sostenida, la conmemoración pública, los rituales o monumentos, o la de no recoger testimonios o narrativas. Dependiendo de cómo se lleve a cabo el cálculo del valor relativo de los objetivos en competencia, y dependiendo de las opiniones consideradas acerca de la probable efectividad de los medios seleccionados, el olvido colectivo podría fácilmente aparecer como un programa político atractivo desde el punto de vista pragmático.2 Esta posición ha sido defendida Page 117 en ciertas situaciones, como la de Alemania Occidental en los años cincuenta, cuando los profundos traumas sociales, tales como el terrible sufrimiento de la Page 118 población civil alemana durante el bombardeo de las ciudades alemanas por parte de los Aliados, o las atrocidades cometidas por las tropas rusas y la expulsión de los alemanes étnicos de la Sudetenland, podrían haber obstaculizado de manera significativa el desarrollo de una frágil pero vital cultura democrática en medio de una población derrotada, y podría haber erigido barreras significativas para la adopción por parte de Alemania de una política exterior integracionista y pacifista en las décadas de la posguerra.3 El argumento relativo a la conexión causal entre la muy criticada amnesia colectiva de la guerra y el genocidio en Alemania y el impresionante éxito de la transformación general de Alemania en la segunda...
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