Considera la Sala que la presunción de legalidad de que goza el acto administrativo conduce a una inversión de la carga de la prueba, en cuanto que corresponde a la parte actora desvirtuarla. Sin embargo, no puede exigírsele al demandante la prueba de hechos que dice no conoció, como sucede en el sub lite, pues el fundamento de las violaciones invocadas consiste en la negación indefinida (Art. 177 C. de P. C.) de que no tuvo conocimiento de la solicitud de información hecha por la Superintendencia. Frente a la duda planteada y a su incidencia en el resultado del litigio, en cuanto si realmente la información del caso fue solicitada, la Sala profirió un auto para mejor proveer, el 24 de junio de 1999, tendiente a verificar lo afirmado por la demandada en relación con el oficio y la planilla de correo. Ese requerimiento fue contestado por el Secretario General de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, los considerandos de los actos acusados indican que mediante la Circular Núm. 013 de 25 de noviembre de 1994 se solicitó a la demandante el envío de la información financiera correspondiente al año de 1994 y que, por el oficio número 220 - 11858 de abril 6 de 1995, se le solicitó explicaciones por el incumplimiento de la mencionada Circular. Al quedar desvirtuado que la Superintendencia hubiera solicitado la información de que trata la Circular 013 de 1994, queda probada la violación del debido proceso y, en consecuencia, del derecho de defensa.

Proceso electoral
      Violaci?n del debido proceso
           Existencia
Correo certificado
      Env?o
Envio por correo certificado
      Se prueba con la planilla de correo, Inexistencia